En esta nueva conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, como Federación de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana queremos destacar la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado el mes de julio pasado, la cual fue largamente esperada por todas las organizaciones de mujeres y trabajadoras, pero en especial las vinculadas al mundo del trabajo.
El Convenio 190, aprobado en la Conferencia General de la Organización del Trabajo, convocada en Ginebra en junio de 2019, establece por primera vez una norma de carácter internacional con el objeto de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ya que reconoce que es “un problema que afecta a todos los países, ocupaciones y modalidades de trabajo”, que “es una amenaza para la igualdad de oportunidades”, cuyos efectos implican “el despojo de la dignidad de las personas siendo incompatibles con el trabajo decente y la justicia social”, poniendo especial énfasis en la violencia de género la cual afecta con mayor intensidad a las mujeres y niñas de todo el mundo.
Al igual que los otros instrumentos internacionales, su ratificación obliga a los Estados firmantes a tomar todas las medidas necesarias para ponerle fin a la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es así como a través de la ratificación del Convenio 190, el Estado chileno tiene la obligación de establecer primero, la creación de una legislación que prohíba legalmente la violencia y el acoso, seguido por una política clara respecto a la materia difundida en todos los espacios donde se desarrolla el trabajo, la implementación de medidas para la prevención de la violencia y el acoso, siendo este último uno de los temas más relevantes y menos abordados actualmente o de manera muy deficiente.
A su vez, el Estado deberá establecer mecanismos de control, sistema de apoyo a las víctimas, procesos claros de denuncia, medidas de reparación y apoyo, sanciones claras y permanente orientación y educación. También estable como punto relevante para el éxito de estas medidas, la participación en todos estos ámbitos de las y los trabajadores y sus organizaciones de representación, incorporando recomendaciones respecto al protección de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, como instancias que contribuyen a la prevención de la violencia y el acoso, gracias a sus múltiples ámbitos de acción.
Al depositar el instrumento de ratificación en la ceremonia realizada en Ginebra, el 12 de junio del presente año, la Sra. Jeannette Jara Román, Ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, reconoció que este era un momento muy significativo para Chile y para el actual Gobierno, ya que culmina y reafirma el compromiso irrestricto del país con los derechos humanos y fortalece su integración al marco normativo de la OIT. La autoridad manifestó que: “Al enviar al Congreso Nacional la propuesta de ratificación de este Convenio, el Presidente Gabriel Boric enfatizó que nuestro gobierno tiene un fuerte compromiso con el trabajo decente en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y que, en esa perspectiva, un objetivo central es reforzar los derechos fundamentales de las y los trabajadores, entre los cuales se encuentra el respeto que toda persona tiene a no ser objeto de discriminación y a la integridad física y psíquica”.
Como trabajadoras y trabajadores de la salud pública, este hito es muy significativo, pues es importante que se reconozca a nuestro ámbito de ocupación como uno de los más expuestos a la violencia y el acoso, pues nuestro trabajo contiene otras modalidades riesgosas, como son el trabajo nocturno, los servicios sociales, y los servicios de emergencia.
Si bien reconocemos los avances en esta materia a través de algunas políticas públicas, nos tomaremos de las palabras de la Ministra del Trabajo en la ratificación del Convenio, para que todos los gobiernos de turno se hagan cargo de todas estas recomendaciones, las cuales vienen siendo presentadas hace muchos años por las organizaciones, tanto del mundo del trabajo como del ámbito social y político, y cuyas medidas son más necesarias y urgentes que nunca debido al resurgimiento de grupos antiderechos que promueven discursos de odio y discriminación y que ponen en riesgo los avances alcanzados por las mujeres y disidencias hasta ahora. Se suma a ello todos los casos de compañeras que año a año son víctimas de violencia y acoso en sus trabajos, donde muchas han perdido, lamentablemente, su vida por no contar con el apoyo oportuno y adecuado para superar estas situaciones.
Es por todas ellas que exigimos avances concretos. Debemos avanzar en una política de prevención en los establecimientos de salud que se encuentre a la vista de todos y cuyas declaraciones tengan el necesario respaldo, tanto en la existencia de planes de prevención que contemplen educación, difusión y protección a los derechos de la mujer y el cuidado infantil, así como también a través de la definición de procesos de denuncia mucho más oportunos, con enfoque de género, sanciones efectivas, fiscales especializados y apoyo a las víctimas, evitando la revictimización.
¡Como gremio hoy y siempre estaremos luchando por la erradicación de todas las violencias de género!
