En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, y en resguardo del derecho a la protección de la salud garantizado por el artículo 19, N° 9°, de la Constitución Política, y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional aprobado por la Organización Mundial de la Salud -de la que Chile es miembro, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial del COVID-19, decretándose el cierre temporal de los recintos educacionales, incluyendo salas cunas y jardines infantiles sin exclusión. Sin embargo, hasta el día de hoy la mayoría de los Centros Infantiles de nuestros recintos hospitalarios de la Región Metropolitana se han mantenido abiertos, en contra de una decisión sanitaria y vulnerando la protección de niños y niñas.
Resulta relevante observar esta situación, cuando más del 70% de la dotación de salud son mujeres y dentro del rol social adscrito un número importante de ellas cumple responsabilidades de cuidado que se han visto dificultadas de conciliar con el trabajo en tiempos en que hay una alta demanda y altas necesidades de proteger la vida y salud de sus hijos/as.
A partir de ello, los dictámenes han sido claros en señalar que mientras se encuentren vigentes normativas sanitarias que se vinculan con el cierre de jardines infantiles y salas cunas, las autoridades deben adoptar las medidas conducentes a conciliar de la mejor forma posible el ejercicio de la maternidad y el desempeño como trabajadoras, cómo por ejemplo: distribuir la carga laboral, excluir a las funcionarias con hijos menores de dos años de trabajo presencial, priorizando que ejerzan funciones en modalidad remota o de teletrabajo, así como flexibilizar los horarios de ingreso y de salida.
Según los criterios individuales de cada institución se han tomado medidas de salvataje para resguardar el cuidado sin embargo no son transversales y por tanto generan situaciones de discriminación entre un servicio y otro.
Hoy vemos con preocupación que paso a paso emanan directrices desde el nivel central que, en oposición al decreto sanitario de cierre, instalan medidas para resguardar la apertura de nuestros centros infantiles e intentan generar medidas de protección inaplicables en el caso de niños/as y menos en las infraestructuras con que se cuentan. Sobre todo, considerando que al menos en 2 centros de la región ya han existido brotes de contagio y que el número total de niños/as contagiados/as en el país se aproximaría a los 30 mil.
Creemos que avanzar en medidas de retorno solo pone en riesgo la vida y salud de cientos de niños/as y trabajadores/as, por lo que demandamos con fuerza el que los centros infantiles de todos nuestros servicios de salud permanezcan cerrados, se generen los permisos especiales, modificación de funciones y todas las facilidades para los/as funcionarios para garantizar el cuidado en casa y se ponga fin a la implementación de políticas criminales.