Por: Daisy Castillo Triviños de Cápsula Informativa.
Durante varios días, como si se tratara de una cadena nacional, los matinales por horas, hablaron del caso de la enfermera de la Clínica Cordillera que fue apuñalada por un también funcionario del área de la salud. Esa situación extrema, que fue un homicidio frustrado, es una señal clara del agobio que los trabajadores de la salud experimentan a diario y deben, además, cargar con el miedo a denunciar, porque el victimario(a) sigue ahí.
Sandra Olivares, presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus Metropolitana) sostiene que el acoso laboral y sexual en el país, viene dándose por años, tanto en el sector público como privado.
En este sentido, recuerda que, a partir del 2000 se fijó el primer instructivo presidencial del Código de Buenas Prácticas Laborales que hace un llamado a todos los servicios públicos a trabajar en los temas de acoso laboral y sexual. “Ese instructivo con su puesta en marcha, hizo que muchos de los servicios de salud empezaran a trabajar en políticas internas, como fue el caso de la creación de flujos de denuncias y cómo enfrentarlas”, plantea Olivares.
Agrega que “desde el punto de vista legal, hemos avanzado en estas últimas décadas, pero tenemos un problema grave y que es la investigación de las denuncias en los servicios de salud”.
¿Cuál es el problema concreto que les afecta?
-Se produce una indefensión de las víctimas, porque el peso de la prueba recae en la víctima y, entonces, es muy difícil cuando estas situaciones de acoso se producen en el ámbito del trabajo, en el sentido de que haya pruebas, se cuente con testigos. La mayoría de las veces, hay acosos verbales desde las jefaturas hacia los funcionarios.
También tenemos acosos que son más bien horizontales, es decir, entre compañeros de trabajo, pero siempre por parte de figuras potentes, con liderazgo negativo que rompen, desvirtúan los climas laborales.
Lo que nosotros hemos visto no es sólo el caso de la enfermera apuñalada, sino de hostigamientos que han llegado, incluso, hasta el suicidio de las víctimas, que han sido funcionarias tanto de establecimientos públicos como privados. Por ejemplo, una técnico-paramédico se suicidó en Chillán, dos enfermeras en Viña del Mar, y hace poco tiempo se dio un caso en Rancagua. El grave problema es que se trata de situaciones que no son resueltas en los servicios.
¿Qué se debiera hacer?
-No podemos seguir trabajando en protocolos, ya no podemos seguir trabajando en más leyes, porque lo que hoy día necesitamos es una decisión de las autoridades de Gobierno, de las autoridades locales de cada uno de los servicios de salud y de los hospitales, de tomarse en serio este tema.
Si alguien hace una denuncia es porque está sufriendo, lo está pasando mal y no se puede desestimar su denuncia, cuestionándola, porque, al final, dejamos a las personas enfermas y siempre, es casi un regla, la persona a la cual se denuncia sigue trabajando y los que tienen que salir son quienes hacen la denuncia.
¿Y respecto del acoso sexual?, ¿están al tanto de denuncias?
-Tenemos denuncias y así lo hicimos ver el año pasado, incluso, me costó una querella como presidenta de la Federación y también a nuestras compañeras de base, porque solicitamos en una denuncia de acoso sexual que se aceleraran los procesos administrativos para que, efectivamente, sacaran a las personas que le hacen daño a la función pública.
Hay denuncias en contra de médicos y ¿qué hacen los directores? Prefieren seguir teniendo al médico en desmedro de la salud mental de los demás trabajadores, eso, no puede seguir ocurriendo. Nosotros, tenemos que limpiar el sector público de estos personajes que no respetan la ley, que no respetan la dignidad del cargo y actúen con prácticas que están prohibidas.