A estas alturas de la pandemia en Chile, es indiscutible la responsabilidad de las autoridades en el manejo de esta crisis sanitaria que a la fecha a cobrada más de 16 mil muertes producto del coronavirus y 450 mil contagiados aproximadamente, cifras realmente lamentables y que responden a las malas decisiones y falta de una estrategia clara por parte del Gobierno.
En este contexto la responsabilidad del ex Ministro Jaime Mañalich es evidente, como olvidar conceptos como: “carnet de alta”, “nueva normalidad”, “retorno seguro”, la negación de cuarentena total, inconsistencias en las cifras, y un sinfín de etcéteras, minimizando los riesgos y generando confusión y un cierto relajo de la población, dejando como frase para el bronce “el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que, lo hagan de una manera lenta”, lo que visibiliza que la única estrategia que se estaba implementando era de mitigación, buscando la propagación progresiva del virus, sin importar el bien mayor que era el bienestar de las personas, vulnerando gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de muchos.
Hoy Mañalich se enfrenta a una Acusación Constitucional, que se suma a las querellas presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por Fedeprus Metropolitana, por los alcaldes, etc., que buscan definir su responsabilidad pues hay, sin duda, faltas graves con resultados fatales al no haber ejercido como primera autoridad sanitaria sus potestades legales de manera apropiada, con decisiones imprudentes y erráticas.
Dentro de la falta de estrategia está, además, la falta de un plan de trazabilidad de contagios en el periodo de Mañalich, lo que incidió en la rápida y extensa propagación del virus, así como también la falta a la verdad al señalar que el sistema de salud estaba preparado desde enero de este año; sin equipos de salud capacitados, escases de insumos y protección para las y los trabajadores de la salud, con servicios asistenciales colapsados, mientras que por otro lado cometía falta a la probidad administrativa en el contrato de Espacio Riesco para montar un recinto para pacientes menos graves y que la propia Contraloría objetó por no estar debidamente justificado en cuanto a su necesidad y sus valores.
La ciudadanía espera que la Acusación Constitucional, presentada por 10 diputados/as, que le atribuyen al ex Ministro infringir gravemente la Constitución y las leyes , sea una señal clara de que las autoridades deben tener responsabilidades políticas, morales y legales y que no simplemente por la terquedad o personalidad de determinado personaje se ponga en riesgo a un país entero, improvisando y no escuchando a especialistas para luego renunciar sin dar explicaciones a nadie de su mala gestión y si de alguna manera los parlamentarios quieren recuperar en algo la credibilidad de la ciudadanía deben utilizar esta herramienta y hacer efectiva esta acusación.